Seguimiento de trámite de un caso concreto presentado ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento (SUNAVI). Blog abierto a otros casos que puedan aportar otros afectados. ¡Combate la burocracia! ¡Ejerzamos la contraloría social!
Inquilinos de San Juan-Caracas y el Movimiento de Inquilinos estuvieron presentes hoy en una acción de solidaridad con el Sr. Willian Jiménez, quien fue desalojado arbitrariamente por su arrendador, calle Pascual Navarro con Av. Francisco Solano López, a pocos metros del bulevar de Sabana Grande.
El hecho destaca no solo por la violación de los derechos consagrados en la ley en materia inquilinaria, sino por los ribetes de burla que la situación adopta en virtud de que hay en curso dos hechos en Venezuela que congelan los desalojos:la sentencia 1171 del TSJ y la Mesa Nacional de Arrendamiento de Vivienda, la cual se lleva a cabo entre las instituciones, los arrendadores y arrendatarios precisamente para definir protocolos que rijan caracterizaciones de la materia, como la discutida en esta líneas, estos, los desalojos.
La ciudadana que echó a la calle al Sr. Willian se niega a reconsiderar sus acciones y, presuntamente avalada por un abogado que supuestamente defiende hechos arbitrarios como una botadura de una persona a la calle por encima de sus derechos, proclama que el afectado no ingresará más en su domicilio.Se averigua al presente el nombre del abogado y se preparan cargos legales contra la propietaria, quien regenta un conocido restaurant vegetariano en el sitio.
Al sitio de presentaron, además, otros afectados por arbitrariedades de desalojos por parte de sus arrendadores. Se presenta a continuación un par de materiales audiovisuales que recogen el acto de apoyo a favor del Sr. Willian y una entrevista a tres desalojados que actualmente viven en situación de calle.
Se espera con la proyección concitar el apoyo de las instituciones para resolver tales concretos problemas. Se llama la atención del ente rector en la materia, la Sunavi, al poder moral, instituciones involucradas en asistir a las víctimas violentadas en sus derechos.
Se denuncia la dejadez, la negligencia, la burocracia institucional cuya obra no es otra que lo mostrado en el presente escrito:gente sufriendo lanzada a la calle en nombre de la apetencia y el lucro.
Representantes de la Asamblea de Inquilinos de San Juan, parroquia de Caracas, acompañaron al Sr. William Giménez, quien en horas de la noche de ayer regresó a su domicilio y se encontró con que la Sra. propietaria, de nombre Norberta Rangel, le había sellado con bloque de construcción la entrada, dejándolo en la calle y, como si fuera poco, secuestrándoles sus bienes.
Sépase que el proceder de la mencionada está absolutamente fuera de ley, dado que, como ordena el TSJ en la sentencia 1171, Gaceta Oficial Nº 424.151, del 23 de octubre de 2015, las organizaciones sociales, las instituciones, los arrendadores y arrendatarios se deben sentar en una mesa nacional de arrendamiento para definir un protocolo de actuación en la materia de desalojo, censo y edificios de vieja data, el cual debe ser ratificado por el TSJ finalmente. Mientras tanto, quedan suspendidos, como se lee en la sentencia, los desalojos derivados de procesos administrativos realizados por la Sunavi, tanto en aquellas causas actualmente en trámite como en aquellas que se propongan durante el presente en cualquier otra instancia.Demás está indicar que un proceder personal raya en lo violento y arbitrario, como en el caso del Sr. William, quien actualmente está en situación de calle.
Sirva el presente escrito para abogar por su persona, para realizar un petitorio a las instituciones del Estado, en espacial a la Sunavi, a quien se llamó y no respondió, de modo tal que se apersonen en el sitio hagan cumplir la ley.Dicha ley es la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, al momento pisoteada.
Se llama a las organizaciones inquilinaria a estar pendiente para nueva convocatoria, a la prensa a que se sume, y al apoyo de la autoridad policial, como manda la sentencia 1171, quien tiene la obligación de atender los casos de hostigamiento contra los inquilinos.Las leyes venezolanas en materia arrendataria son magníficas en su defensa de los derechos humanos y en la aplicación de una justicia histórica a favor de los inquilinos; pero puede la mejor ley convertirse en la peor si su contenido es mancillado o, peor aun, es letra muerta.
Los siguientes videos recogen el trabajo de los inquilinos de San Juan, presentes en el sitio, con grabaciones realizadas por Hernán Perozo y el servidor que escribe, Oscar J. Camero.
La lucha a favor de los inquilinos de Venezuela está caída, y caído de la mata está el que se mienta y se diga que, con el logro del parto de la ley, se ha avanzado contundentemente.
Ciertamente se ha avanzado bastante en tanto a crear expectativas y esperanzas para resolver los duros y angustiantes problemas de quienes viven en situación de arrendatario.Se ha dotado a la figura del inquilino de un piso legal y de un perfil jurídico que infunde contención al abusador de siempre.Nadie lo cuestiona. Hay menos desalojos y menos abusos contra los arrendatarios.Nadie dirá que un arrendatario de estos tiempos es tratado como un inquilino de hace veinte años, cuando a patadas eran echados a la calle, notoriamente.
A no dudar un avance.Pero hasta allí.No se ha completado la revolución contundente en la materia en tanto consiste en transformar en propietario al que declarado está como falto de vivienda, teniendo el derecho a una vivienda digna, como manda la ley (Art. 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).No se ha completado la revolución de hacer cumplir la ley.Existe una Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) donde entra de todo para ser dueño de vivienda, menos el sector inquilinario, según hechos.
Y he allí el problema.Ahora con el nuevo piso legal en materia inquilinaria, y con las nuevas expectativas con él generadas, aunque no se tire abiertamente a una familia a la calle, se tira el derecho al suelo debido a que la ley no se está cumpliendo significativamente.Es decir, podría el hecho comportar una situación peor:que habiendo una ley que cumplir, se obvie, e igual se desaloje, aunque no se haga con el descaro de antes.En el pasado ocurrían los desmanes porque no existía un patrón legal que regulara la transacción inquilinaria; pero ahora la hay, y la hay para nada en muchos casos porque, en silencio, en contubernio delictivo, se está desalojando a diestro y siniestros a familias venezolana, se hostiga a diestro y siniestro a familias venezolanas, se humilla a diestro y siniestro a familias venezolanas.¡Con decir que en estos momentos ocurren desalojos en el país, momentos en que rige el efecto de la sentencia 1171 (17-08-2015, ponencia de la magistrada Gladys Gutiérrez, Pdta., del TSJ), que los prohíbe expresamente!Un colmo.
Los inquilinos se bautizaron con el logro de la ley, pero si la misma no sirve para su amparo porque las instituciones y los obligados no la cumplen, el tal logro no es más que un llenar de boca, una burla.Hay, pues, no vacío legal, sino incumplimiento, lo cual podría equivaler a lo mismo.Inquilinos olvidados por un lado, víctima de colectivos contratados que los sacan, expuestos al arbitrio de sus verdugos porque las instituciones, la Superintendencia Nacional de Vivienda (Sunavi), se queda corta en su accionar regulador, sin personal suficiente para el trabajo de campo, con funcionarios corruptos en muchos casos, con el mal de la burocracia como sino, con desesperanza en siembra en el porvenir de los afectados.
La Red de Inquilinos San Juan, así como lo haría cualquier otra organización inquilinaria, en el marco del plan "Luz Inquilinaria", propone ante desalentador panorama las siguientes acciones con carácter de urgencia a efectos de visibilizar a este sector de la sociedad venezolana:
(1)Una medida de protección más contundente a favor de las personas que viven en condición de alquiler.¿Hasta cuándo el descaro y la parcialización hacia causas netamente mercantilistas de muchos propietarios que hacen de la vivienda un negocio, y compran favores en las instituciones?¿Hasta cuándo la desrrevolución de favorecer a quien menos necesita y no tiene a la ley de su lado?Familias venezolanas están siendo lanzadas a la calle ahora mismo, lo cual lleva a concluir que la ley es letra y paja que no ampara con efectividad.
(2)Reestructuración física de la Sunavi, incorporándole mayor personal, dividiéndose la tarea por parroquias, atendiendo todos los problemas, ¡por favor!.
(3)Compenetración de la institución rectora con las organizaciones sociales, quienes son las verdaderas conocedoras de los hechos en sus comunidades.Ahora existen en las comunidades organizacione comunales con las cuales coordinar.Esto con el fin de aliviar la carga de trabajo institucional, esa que presuntamente burocratiza.
(4)Regular el problema de las pensiones y los edificios de vieja data, los cuales han sido ordeñados mercantilistamente hasta la saciedad por sus dueños (persistiendo en ello) y ocupan espacios ridículos de asentamientos familiares cuando pueden servir para construir edificaciones para cientos de familias.
(5)Adjudicar directamente a los inquilinos en situación de desalojo sin necesidad de estar yendo a ningún refugio previo.Ábranse los ojos.Se tienen pruebas de edificaciones de la GMVV que están solitarias esperando no se sabe qué cosa para ser ocupados.Medio pueblo sabe que hay que pagar un monto a algún mafioso para ser adjudicado.
(6)Asistir a la marcha el día jueves 4 de agosto de 2016 para decirle todo esto al Vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, con quien se tiene la esperanza de que dé una mano para hacer correr el agua del pozo estancada.Lugar de reunión:plaza Capuchinos, Caracas, 8:00 AM, de donde se saldrá hacia puente Llaguno, donde se esperarán a otras organizaciones sociales para ir a la Vicepresidencia.
Luego de saludarle cordialmente, le expongo el caso para el cual requiero de la más preciada ayuda:El día 14-11-2014 solicitamos a el cálculo de justo valor para el inmueble donde vivimos unas 100 familias en condición de arrendamiento, Edif. Plaza, Av. San Martin, calle con Cañada de Luzón, San Juan, Caracas.El expediente es el 050758071-014386.No hemos obtenido respuesta. En consecuencia, ante la ausencia de criterio institucional, el arrendador ha anunciado por su cuenta y arbitrio aumentar el canon.Lógicamente empezarán situaciones de tensión indeseadas que fácilmente podrían evitarse con una respuesta a tiempo en cuanto al solicitado cálculo. Le solicitamos ayuda al respecto.¡Somos 100 familias arrendatarias!
Ante la incertidumbre, hemos apoyado nuestro reclamo en el aval de la Red de Inquilinos San Juan, donde hemos ventilado la situación, y anexo le hacemos llegar las firmas de su asamblea de ciudadanos parroquiales que dan fe de nuestra situación y necesidad, y que avalan el siguiente petitorio:
(1)Reunión urgente con la autoridad que resuelva en el menor plazo posible el defecto. Una inspección e inicio inmediato del los trabajos de cálculo
(2)Unir nuestro reclamo con del Edificio Marylen, también de nuestra parroquia, 36 familias, expediente 050758071-014705, quienes piden lo mismo.
(3)Ante la necesidad, solicitar conversación urgente con el Superintendente
(4)O, de no ser posible y seguir en esta incertidumbre, ventilar nuestra situación ante los medios de comunicación para buscar ayuda.
(5)Concentrarnos en la Sunavi.
Queremos dialogar con la institución bajo la idea de que conociendo la gravedad de la situación podamos lograr atención.Pero tampoco estamos dispuestos a continuar pasivamente sin obtener respuesta mientras la parte arrendadora viola la ley, actúa según su arbitrio y pisotea nuestros derechos y se burla de la ley y de los procedimientos.
