Seguimiento de trámite de un caso concreto presentado ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento (SUNAVI). Blog abierto a otros casos que puedan aportar otros afectados. ¡Combate la burocracia! ¡Ejerzamos la contraloría social!
Luego de saludarle cordialmente, le expongo el caso para el cual requiero de la más preciada ayuda:El día 14-11-2014 solicitamos a el cálculo de justo valor para el inmueble donde vivimos unas 100 familias en condición de arrendamiento, Edif. Plaza, Av. San Martin, calle con Cañada de Luzón, San Juan, Caracas.El expediente es el 050758071-014386.No hemos obtenido respuesta. En consecuencia, ante la ausencia de criterio institucional, el arrendador ha anunciado por su cuenta y arbitrio aumentar el canon.Lógicamente empezarán situaciones de tensión indeseadas que fácilmente podrían evitarse con una respuesta a tiempo en cuanto al solicitado cálculo. Le solicitamos ayuda al respecto.¡Somos 100 familias arrendatarias!
Ante la incertidumbre, hemos apoyado nuestro reclamo en el aval de la Red de Inquilinos San Juan, donde hemos ventilado la situación, y anexo le hacemos llegar las firmas de su asamblea de ciudadanos parroquiales que dan fe de nuestra situación y necesidad, y que avalan el siguiente petitorio:
(1)Reunión urgente con la autoridad que resuelva en el menor plazo posible el defecto. Una inspección e inicio inmediato del los trabajos de cálculo
(2)Unir nuestro reclamo con del Edificio Marylen, también de nuestra parroquia, 36 familias, expediente 050758071-014705, quienes piden lo mismo.
(3)Ante la necesidad, solicitar conversación urgente con el Superintendente
(4)O, de no ser posible y seguir en esta incertidumbre, ventilar nuestra situación ante los medios de comunicación para buscar ayuda.
(5)Concentrarnos en la Sunavi.
Queremos dialogar con la institución bajo la idea de que conociendo la gravedad de la situación podamos lograr atención.Pero tampoco estamos dispuestos a continuar pasivamente sin obtener respuesta mientras la parte arrendadora viola la ley, actúa según su arbitrio y pisotea nuestros derechos y se burla de la ley y de los procedimientos.
El siguiente oficio (comunicado) se le entregó a la SUNAVI el día 17 de mayo de 2016, por parte del afectado, Sr. Florencio Díaz, vocero del Edif. Marylen (36 familias), expediente 050758071-014705, remitido por la Red de Inquilinos San Juan, en apoyo a su causa, sin respuesta por parte de la institución desde hace años. La asamblea de ciudadanos determinó tomar la acciones de apoyo y de denuncias explicadas en el texto. Esperamos pronunciamiento de la institución, se pide aclaratoria con funcionario mencionado en el oficio, paralización de un cálculo de justo valor viciado por parte del arrendador (sin inspecciones), un nuevo cálculo de justo valor (con inspecciones), una conversación con el Superintendente, acciones de prensa y de calle de caso de no obtener respuesta.
Todos apoyamos en la asamblea y estamos dispuestos a defender los casos inauditos de desatención institucional. Por otro lado, existen expedientes abiertos desde hace varios años, sin respuesta. Pruebas tenemos y prontamente remitiremos un caso. La asamblea defenderá al individuo arrendatario que por sí sólo no ha podido ser atendido por la institución, en principio remitiendo el caso y llamando la atención en términos de conciliación, posteriormente utilizando la fuerza del derecho y de los medios de comunicación o concentración ciudadana in situ para redimensionar el reclamo.
Proponemos que los casos remitidos, objeto de estudio y de análisis en asamblea de ciudadanos, sean atendidos por la institución en virtud de que los mismos encarnan una decisión de un poder popular que aspira a que sus acuerdos resulten vinculantes, como también aspira la ley del poder popular.
Sr. Superintendente, en sus manos, y muchos saludos desde la parroquia San Juan, Caracas.
Nota: Información de contacto en el oficio entregado a la Sunavi.
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE ARRENDAMIENTO28/04/2016
LAS MERCEDES, CARACAS
SU DESPACHO
COMUNICADO
Nosotros, la asamblea de la Red de Inquilinos San Juan, hemos recibido el reporte de que un funcionario de la Sunavi, de nombre Daniel Dimauro, se comunicó telefónicamente con los residentes del edificio Residencias Marylen, y en conjunto con abogados de la inmobiliaria INVERSIONES ALJOVE, C.A. han presentado documentación ante la comunidad inquilina ocupante del inmueble a los efectos de subir el canon de arrendamiento argumentando que dicho inmueble no queda regido por lo que se discute en la Mesa Nacional de Arrendamiento de Vivienda, dado que la misma, según el funcionario de la Sunavi, sólo discute aspectos relacionados nada más con los llamados inmuebles de los "cien", y no relativos a edificios de vieja o a la resolución 00042.
Se hace la salvedad de que se ha presentado la notificación de inicio de un procedimiento administrativo para la fijación y revisión del canon de arrendamiento, de fecha 24 de noviembre de 2016 y notificado a la comunidad inquilinaria en febrero de 2016, viciado a todas luces en plazos administrativos y violatorio de acuerdos y diligencias alcanzados entre propietario e inquilinos, quienes ya habían recibido oferta de compra venta del inmueble.Se resalta que no se hace ninguna inspección in situ para los efectos de dicho cálculo.
Por tanto, en asamblea,
-visto que es una irregularidad que comulga con el hostigamiento que un funcionario de la Sunavi desinforme respecto de la misión de la Mesa Nacional de Arrendamiento a los efectos de persuadir a los ocupantes de un inmueble para que acepten propuestas,
-visto que cuesta un ojo de la cara que un funcionario de la Sunavi se desplace a hacer una inspección a un inquilino cuando lo solicita, y en el caso de la mencionada inmobiliaria la institución se desplazó ipso facto al sitio para levantar una causa en contra de los arrendatarios,
-visto que los arrendatarios del edificio Marylen poseen expedientes administrativos abiertos ante la Sunavi desde hace años y no han sido atendidos,
-visto que los arrendatarios del edificio Marylen habían recibido ya un acuerdo de compra venta con el propietario que al parecer ahora es burlado con la modificación de precios que supone una revaluación de costos,
Resolvemos, indignadamente y como poder popular, realizar las siguientes acciones a los efectos de salvaguardar el derecho de los arrendatarios del edificio mencionado:
(1)en primer término solicitar una audiencia con el Superintendente Nacional de Vivienda a los efectos de aclarar, bajo diálogo, irregularidades y desinformaciones del mencionado funcionario
(2)anular el cálculo de "justo" valor iniciado por la parte propietaria si el procedimiento no está debidamente acompañado de inspecciones in situ., y aceptarlo sólo si las inspecciones se realizan efectivamente.Estamos abiertos a la compra del inmueble si los precios los calcula el ente rector y el procedimiento se enmarca en el debido proceso.
(3)en segundo término, cerrada la opción 1, ventilar ante los medios de comunicación el problema y llevarlo al foro general de las organizaciones sociales inquilinarias.
(4)cursadas la opción 1 y 3, convocar a concentración frente al ente de vivienda hasta llamar debidamente la atención nacional a los problemas de los inquilinos en el país, tomando como ilustración el caso presente.
Es bastante ya el problema de vivir en alquiler como para que, de paso, se sume a la carga el hostigamiento y la desinformación procedente de la misma institución, así como el ventajismo y celeridad que algunos funcionarios detentan desde la Sunavi.
Firman en un pliego afectados del edificio Marylen
En otro pliego la asamblea de ciudadanos de la Red de Inquilinos San Juan.
En una mesa de trabajo dictaminada por el TSJ para que los inquilinos y pequeños propietarios llegaran a acuerdos en disminuir los desalojos forzosos y arbitrarios.
Este proceso resulta ser histórico y propio de lo que debe ocurrir en una sociedad que pese a sus diferencias pueden sentarse para buscar soluciones.
La mesa de trabajo ordenada por el máximo tribunal nació a raíz de un amparo presentado por el Movimiento de Inquilinos en protección de los derechos e intereses colectivos y difusos de todos los ciudadanos y ciudadanas, arrendatarios de viviendas, cuyas causas se encuentran en estado de ejecución; la misma fue interpuesta el pasado 29 de abril de 2015 solicitando al Máximo Tribunal de la República, que la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda revise las causas que se encuentran en estado de ejecución para el desalojo.
El primer resultado de la mesa es un Protocolo que propone acciones apegadas a la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos. Por primera vez se caracteriza a Propietarios e Inquilinos con la finalidad de disminuir la posibilidad de actos de corrupción.
Propone alternativas para que el inquilino pueda continuar con una vida digna mientras el gobierno, específicamente el Ministerio de Vivienda y Habitat proporciona al inquilino una vivienda definitiva. Esto facilita que los pequeños propietarios tengan pleno acceso a sus viviendas, respetando el principio del derecho a la propiedad privada.
El documento explora la posibilidad de Refugios solidarios que puede ser ofrecido por un familiar, amigo o cualquier particular. Además, sugiere posibles acuerdos e que el apartamento o inmueble que ocupa el inquilino puede ser un refugio temporal, mientras el Ministerio cumpla en un lapso no mayor a 4 meses ubique a la familia con sentencia firme de desalojo en su vivienda definitiva. Durante ese período el inquilino continuaría cancelando su mensualidad.
La Mesa de Trabajo es una prueba de que partes con objetivos, metas y necesidades diferentes pueden debatir y consensuar.
La intervención del TSJ demuestra su intención de tomar decisiones justas para las partes y en este caso específico supera todas sus prácticas y facilita un proceso participativo.
El Movimiento de Inquilinos elogia esta postura que facilito la inclusión de varios movimientos sociales que han podido aportar y la amplitud de participación de instituciones que se vinculan al quehacer arrendaticio y de las asociaciones privadas como el APIUR y la Red de Pequeños Propietarios.
El Movimiento de Inquilinos hizo énfasis que los refugios para personas desalojados tienen que ser remodelados y dignificados. Declara que en la actualidad las condiciones de los refugios para desalojados se encuentran en un estado que viola los derechos Humanos de niños, niñas, adolescentes, adultos y animales. Hace un llamado a que se aceleren los procedimientos para designarle sus viviendas definitiva las familias que se encuentran en un estado de poca dignificación humana.
Responsabilidad del escrito: Movimiento de Inquilinos, Caracas.
